El supuesto «olor a marihuana» procedente de uno de los baños del Senado de Filipinas condujo este lunes al presidente de la cámara alta del Congreso, Francis Escudero, a decretar pruebas obligatorias de drogas para todos los empleados. El escándalo ha provocado ya la dimisión de una trabajadora, que mantiene su inocencia, y decenas de test voluntarios.
«El Senado tiene la firme intención de llevar a cabo las pruebas aleatorias obligatorias de detección de drogas a todos los funcionarios y empleados», afirmó Escudero, según una carta publicada por la cadena ABS-CBN y dirigida al senador Vicente Sotto III, promotor de la idea.
Supuesto olor a marihuana en uno de los baños
La oficina encargada de la seguridad en la cámara alta del Congreso abrió la semana pasada una investigación oficial después de que sus trabajadores detectaran un supuesto olor a marihuana en uno de los baños, donde afirmaron que únicamente se encontraba una empleada del senador Robin Padilla.
Desde entonces, el escándalo ha ido aumentando a pesar de la falta de pruebas concluyentes, al tiempo que aumentaba la presión contra la trabajadora sospechosa de utilizar estupefacientes, Nadia Montenegro.
«Si ese supuesto olor inusual, que se parecía al de la marihuana, provenía del baño de mujeres, no debería atribuírseme», denunció Montenegro en su carta de dimisión, al alegar que no se encontraba en el baño en el momento del incidente y que ella únicamente portaba un vapeador de sabor a uva.
En la misiva, confirmada este lunes por la oficina del senador Padilla, Montenegro reafirmó su inocencia pero afirmó verse obligada a dimitir «para que este asunto no cause más distracciones ni daños».
Test voluntarios
Aunque el presidente del Senado no precisó si las pruebas obligatorias de drogas afectarán también a los senadores electos, algunos ya han dado el paso.
Es el caso del senador Juan Miguel Zubiri, quien este lunes se sometió a un test voluntario junto con sus 35 empleados, mientras que su compañero Raffy Tulfo indicó estar dispuesto a someterse (y a todo su personal) a la misma prueba.
La particular guerra contra las drogas en el Senado filipino llega después de la sangrienta cruzada emprendida por el expresidente Rodrigo Duterte durante su mandato (2016-2022). Según la Policía, al menos 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
Duterte está actualmente encarcelado en La Haya a la espera de ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad durante su guerra contra las drogas, aunque eso no significa que Filipinas haya puesto fin a la lucha contra los estupefacientes.
El actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., prometió llevar a cabo una guerra contra las drogas «sin derramamiento de sangre» al llegar al poder en 2022, aunque organismos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado abusos y detenciones arbitrarias.
